Resumen: Demanda de la exesposa contra el exesposo sobre declaración de una cuota de propiedad sobre una vivienda, que en documento privado firmaron antes de contraer matrimonio haber adquirido conjuntamente y refleja un porcentaje privado de adquisición, que luego solo sería escriturada por el marido como comprador, de modo que en el Registro de la Propiedad el figura como único propietario. Se discute la eficacia del documento que refleja un porcentaje de la adquisición. Recurre en casación la demandante por no reconocerse que es propietaria del 60% de la vivienda, infringiendo la doctrina de los actos propios y por negar eficacia al documento privado firmado por las partes. La sala desestima el recurso, considera carente de sentido invocar las doctrina de los actos propios, pues solo se alude como acto propio el acuerdo recogido en el documento privado, y la sentencia recurrida no niega validez al mismo, sino que considera que tal acuerdo no afecta a la cuota ganancial de la vivienda, que se fija en proporción al valor de las aportaciones privativas y ganancial y limita su eficacia a la cuota que pertenece a las partes proindiviso ordinario por las cantidades privativas pagadas.
Resumen: En este recurso, en relación con la protección de la fe pública registral, se plantea el problema de la interpretación de requisito objetivo establecido en el art. 34 LH de que el tercero, para quedar protegido, adquiera el derecho «de persona que en el Registro aparezca con facultades para transmitirlo», en un caso de constitución de una hipoteca sobre una finca por el comunero que se la adjudicó en una extinción del condominio que luego es declarada inválida. La sentencia recurrida entendió que el acreedor hipotecario quedaba protegido porque el asiento de presentación del título del hipotecante se extendió antes que el de la hipoteca. La escritura de extinción del condominio y la del préstamo con garantía hipotecaria se otorgaron sucesivamente de forma inmediata, de forma que al tiempo de otorgar la escritura de hipoteca ni estaba inscrita la titularidad del adjudicatario ni tampoco se había llegado a presentar su título en el Registro de la Propiedad. La controversia en casación radica en si es necesario que la titularidad del tradens esté efectivamente inscrita cuando adquiere el tercero o si basta con que se haya presentado a inscripción.La inscripción del transmitente ha de ser anterior a la adquisición del tercero, ya que la protección del art. 34 LH se basa en la apariencia jurídica creada por la inscripción. Al otorgarse la escritura de hipoteca todavía no estaba presentado en el Registro el título del comunero, faltando el requisito de la previa inscripción
Resumen: La sentencia de primera instancia incluyó como deuda de la sociedad los pagos de comunidad, IBI y otros, abonados ya disuelta la sociedad de gananciales. La sentencia de segunda instancia confirmó la de primera instancia. El recurso se basa en que los gastos se han de reclamar en un procedimiento distinto. La Sala desestima el recurso porque la vivienda en cuestión tiene carácter ganancial, y el pasivo se compone de las deudas pendientes , como son las cuotas comunitarias , las derramas , el IBI, integran el pasivo de la sociedad. Los gastos que pertenecen o gravan la propiedad de los bienes comunes, así como las impensas necesarias y útiles hechas en ellos, son susceptibles de inclusión en el inventario ganancial, aun abonados una vez disuelta la sociedad de gananciales, sin que, con tal criterio, se cause indefensión al recurrente, puesto que, en el presente procedimiento de fijación de los bienes y derechos del inventario, y que la jurisprudencia considera como plenario, con efectos de cosa juzgada, ha contado con todos los medios de defensa para cuestionar la procedencia de los gastos reclamados como deudas a cargo de la sociedad por su naturaleza, necesidad y cuantía, sin que, para ello, deba acudirse a un procedimiento declarativo autónomo o independiente.
Resumen: La demanda de desahucio por precario se plantea por la hermana de la demandada, porque esta ocupa la vivienda en exclusiva , y pertenece a la sociedad ganancial pendiente de liquidar. A la madre de ambas le fue legado por su marido el usufructo universal y vitalicio. De manera que el pleno dominio de la mitad de los bienes gananciales corresponde a la madre, al igual que el usufructo universal y vitalicio de la otra mitad de esos bienes .La sentencia de primera instancia estimó la demanda. Recurrió la demandada y la sentencia de segunda instancia estimó el recurso por falta de legitimación activa ,al ser la actora nuda propietaria. Formula recurso de casación la parte demandante y la Sala desestima el recurso por falta de legitimación activa de la demandante, porque es, como su hermana, una heredera en nuda propiedad. Es la madre la que ostenta el derecho a poseer todos los bienes de la herencia, tanto antes como después de la partición, como propietaria de la mitad de los bienes, entre otros de la vivienda, y como usufructuaria de la otra mitad.
Resumen: En el proceso de formación de inventario por liquidación de la sociedad de gananciales, el excónyuge reclama por haber pagado un préstamo del que era deudora la sociedad de gananciales, después de la disolución. La sentencia de primera instancia desestimó la demanda por considerar que en el pasivo de la sociedad de gananciales únicamente se podían incluir las sumas abonadas con dinero privativo con anterioridad a la sentencia de divorcio . Recurrida en apelación , a sentencia de segunda instancia estimó el recurso , incluyendo un crédito del ex esposo frente a la ex esposa, por el 50 % de la cantidad concreta que acredite haber abonado del préstamo personal. La ex cónyuge recurre en casación por considerar que no debió de incluirse en el pasivo el crédito debiendo ser el mismo reclamado en procedimiento distinto del de liquidación de gananciales, toda vez que ya está disuelta la sociedad de gananciales. La sentencia de la Sala desestima el recurso porque al amparo del art. 1398.3.ª CC, se puede incluir en el pasivo de la sociedad de gananciales un crédito a favor del cónyuge que haya pagado, durante la sociedad postganancial y con bienes propios, deudas que fueran carga de la sociedad de ganancial, y también con base en el art 1405 CC se puede incluir un crédito del 50% de la cantidad frente al otro cónyuge, que es lo que ha hecho la Audiencia, y se considera correcto.
Resumen: Conflicto entre el derecho a la intimidad de unos menores y la libertad de información. Información en página web en la que se indica el nombre de pila de unos menores. El derecho a la intimidad tiene por objeto garantizar al individuo la existencia de un ámbito propio y reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás, sean estos poderes públicos o simples particulares, lo que atribuye a su titular el poder de resguardar ese ámbito reservado, no solo personal, sino también familiar, frente a la divulgación del mismo por terceros y a la publicidad no querida, lo que ha de encontrar sus límites, en los restantes derechos fundamentales como el derecho a la información cuando se refiera a hechos con relevancia pública y a que dicha información sea veraz, evitando así las intromisiones arbitrarias en la vida privada. En el presente caso no se discute que la información tiene interés general. No obstante en el reportaje no se mencionan más datos de los menores que sus nombres y su condición de hinchas del fútbol, especialmente, del Real Madrid, datos estos que no dejan al descubierto aspectos significativos de su intimidad, y que, por tanto, no permiten apreciar, una intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad, sino, todo lo más, una afectación liviana que no es contraria a sus intereses ni perjudicial para ellos por lo que debe prevalecer la libertad de información del medio de comunicación. Inexistencia de intromisión ilegítima. Costas.
Resumen: Modificación de medidas. Pensión de alimentos. Incongruencia interna vinculada a la falta de motivación: cabe su apreciación por contradicción entre los pronunciamientos de un fallo o bien entre la conclusión sentada en la fundamentación jurídica y el fallo, o con alguno de sus pronunciamientos. No resulta exigible la subsanación o complemento. El nacimiento de nuevos hijos fruto de una relación posterior, no supone, por sí solo, causa suficiente para dar lugar a la modificación de las pensiones alimenticias establecidas a favor de los hijos de una anterior relación, sino que es preciso conocer si la capacidad patrimonial o medios económicos del alimentante es insuficiente para hacer frente a esta obligación ya impuesta y a la que resulta de las necesidades de los hijos nacidos con posterioridad. El hecho de que el nacimiento se produzca por decisión voluntaria o involuntaria del deudor de una prestación de esta clase, no implica que la obligación no pueda modificarse en beneficio de todos, a partir de una distinción que no tiene ningún sustento entre unos y otros, por más que se produzca por la libre voluntad del obligado. El tratamiento jurídico es el mismo pues deriva de la relación paterno filial. Juicio de proporcionalidad, ajeno al canon de racionalidad.
Resumen: La cuestión jurídica que se plantea en el recurso de casación versa sobre el carácter retroactivo del importe de los alimentos a favor de los hijos de los litigantes menores de edad, cuya cuantía fue elevada por sentencia dictada por la Audiencia Provincial, que revoca, en este aspecto, los fijados por el Juzgado de Primera Instancia, fijando su devengo desde la fecha de interposición de la demanda. La sala aplica la jurisprudencia que ha abordado la cuestión controvertida, que establece que: los alimentos cuando se fijan, por primera vez, se devengan desde la fecha de interposición de la demanda. Cuando los alimentos fijados en primera instancia se elevan o reducen en segunda instancia, el importe fijado por el tribunal provincial se devenga desde la fecha de la sentencia de la alzada, no desde la dictada en primera instancia. Ya sea por estimación de un recurso o por un procedimiento de modificación cada resolución despliega su eficacia desde la fecha en que se dicte. Los alimentos no tienen efectos retroactivos de suerte que no puede obligarse a devolver ni en parte, las pensiones percibidas, consumidas en necesidades perentorias de la vida.
Resumen: Oposición a resolución administrativa en materia de protección de menores. Menor en régimen de acogimiento y tutela por entidad autonómica, situación a la que se opuso el padre, pidiendo con carácter principal que se dejara sin efecto la resolución de desamparo, y con carácter subsidiario, que se decretara el acogimiento familiar de la familia extensa (abuelos), y más subsidiariamente, que se ampliara el régimen de visitas en favor del padre, lo que la sentencia recurrida estima adecuado teniendo en cuenta la situación actual del progenitor y que el interés del menor no aconsejaba el retorno con la familia biológica. Los recursos de casación y por infracción procesal de la entidad pública encargada de la tutela se estiman, y en funciones de instancia, se estima su recurso de apelación, se revoca la sentencia de primera instancia y se desestima íntegramente la demanda. Para ello se razona, en síntesis, que la sentencia recurrida no se ajusta a lo dispuesto por el art. 19 bis.3 LOPJM ni es acorde con la jurisprudencia, por no comprobar la realidad de una evolución positiva de la familia de origen ni si se han mantenido en el tiempo los vínculos del demandante con su hijo menor, ni ponderar debidamente los riesgos que podía suponer para el menor retornar con aquel ni el tiempo transcurrido y la integración del menor en la familia de acogida y el desarrollo de vínculos afectivos con la misma.
Resumen: Recurso extraordinario por infracción procesal: planteamiento de cuestiones relativas al error en la valoración de la prueba; en el caso, inexistencia de error patente ni arbitrariedad en la valoración de prueba, ya que lo planteado es una cuestión de valoración jurídica ajena al ámbito del recurso; inexistencia de cuestión nueva (la alusión a la buena fe es solo un argumento añadido); técnica defectuosa por mezcla de cuestiones heterogéneas; omisión de la petición de subsanación de la supuesta incongruencia omisiva, que es distinta de la falta de exhaustividad en la motivación; deber de motivación. La jurisprudencia ha admitido con amplitud los negocios jurídicos de familia y la posibilidad de acuerdos dirigidos a ampliar la comunidad ganancial mediante la aportación de un bien privativo. Fijación del importe del crédito del esposo por la aportación a la sociedad de gananciales del inmueble privativo. No procede que a efectos de valorar la aportación en la liquidación de gananciales deba estarse a una cantidad fijada en la escritura con arreglo a normas administrativas con una finalidad puramente fiscal. Inaplicación del art. 1358 CC (el esposo aportó un solar, no un dinero cuyo importe haya de ser revalorizado). En el caso, lo debido por la masa común al patrimonio privativo debe ser el valor actual de lo que se aportó, tal como se recibió por la sociedad, pero al tiempo en que se realiza la liquidación, atendiendo así al valor realmente lucrado por la comunidad.
